Sólo la valentía, la ecuanimidad y la serenidad pudieron evitar que en el caso del secuestro del avión AN-24 de Cubana de Aviación, el 19 de marzo pasado, y de la lancha Baraguá, que circula dentro de la bahía de La Habana, concluyera en una verdadera tragedia humana.
Como se recordará, la nave aérea rendía viaje de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, hasta la capital cubana, y un terrorista con dos granadas amenazó con volarla, con los pasajeros a bordo, si no tomaba rumbo hacia los Estados Unidos, conminación imposible de cumplir por el piloto, que conociendo que el combustible no le alcanzaba y que todos perecerían en el mar, optó por aterrizar en el aeropuerto capitalino de Rancho Boyeros.
Las horas que siguieron a este acto de piratería, alentado por el cometido anteriormente con un DC-3 de la misma empresa de la Isla, y cuyos secuestradores se dice que serán juzgados por las leyes estadounidenses, aunque sus cómplices se pasean impunemente por las calles miamenses, fueron de verdadero terror para los pasajeros, y de arduas negociaciones de las autoridades cubanas con el terrorista, con el objetivo principal de garantizar la vida de las personas que se encontraban dentro del aparato, varias de ellas en estado verdaderamente crítico, incluyendo niños, por la falta de oxígeno, alimentos y agua.
Agotadas todas las posibilidades de llegar a un acuerdo con el pirata, quien constantemente amenazaba con lanzar las granadas y asesinar fríamente a los pasajeros, y después de lograr que un grupo de las personas, sobre todo mujeres y niños, bajaran para aligerar el peso del avión y permitirle cargar el combustible que necesitaba para llegar a los Estados Unidos, la aeronave partió hacia ese país, evitando el gobierno cubano que decenas de personas inocentes murieran como consecuencia de un acto terrorista de los que alienta la asesina Ley de Ajuste Cubano, que acoge a todos los que llegan ilegalmente a su territorio, procedentes de la Isla, no importa la acción criminal que hayan cometido para lograrlo.
Sólo doce días después de aquella angustiosa experiencia, un grupo de secuestradores, con pésimos antecedentes penales, asaltaron la lancha Baraguá, que comunica por mar a varios puntos de la capital cubana, y obligaron a su tripulación y pasajeros, mediante el uso de armas blanca y una pistola, tomar rumbo a los Estados Unidos.
En conocimiento de ello, las tropas guardafronteras despacharon dos lanchas patrulleras, las cuales se comunicaron por radio con los piratas y trataron de disuadirlos de continuar en esa peligrosa aventura, atendiendo a que la embarcación está diseñada sólo para navegar en aguas interiores y mucho menos hacerlo en un mar de fuerza cuatro, lo que implicaba un grave riesgo de hundimiento.
Al propio tiempo, como es habitual en estos casos, las autoridades cubanas se comunicaron con las norteamericanas para imponerlas de lo que estaba ocurriendo, y coordinar acciones en el caso de ser necesarias, sobre todo, si estuvieran en peligro las vidas de los ocupantes de la embarcación.
Estas respondieron que atendiendo a determinados acuerdos internacionales y el lugar donde se encontraba la lancha, a unas 30 millas de nuestras costas, correspondía al gobierno cubano tomar las decisiones al respecto, sobre cuya base se continuó negociando con los secuestradores, hasta lograr que permitieran ser remolcados al puerto de Mariel, persuadidos de la imposibilidad de ser reabastecidos en medio del mar embravecido.
Ya en este lugar, y ante las amenazas de comenzar a ejecutar a los pasajeros si no eran satisfechas sus demandas de suministrarles combustible para seguir viaje, el gobierno de la Isla endureció sus posiciones y tomó medidas para asaltar la embarcación si fuese necesario, cuando un hecho fortuito, el lanzamiento al agua de dos pasajeras que estaban en la popa siendo intimidadas con una pistola, desencadenó los acontecimientos que permitieron que todos las personas a bordo fueran liberadas, sin sufrir un solo rasguño, y detenidos los terroristas.
Una vez más, el aliento de la Ley de Ajuste Cubano, cuya impunidad y privilegios que otorga a los que emigran ilegalmente de Cuba los impulsa a utilizar cualquier vía y método para viajar, no importa si chorrea sangre o no, estuvo a punto de producir una tragedia, cuya responsabilidad sólo compete al gobierno de los Estados Unidos, por mantener vigente un engendro leguleyesco de esa naturaleza. .
