El derecho humano a la vida privada se ha reducido mucho en Estados Unidos, y el control gubernamental sobre la ciudadanía resulta cada vez más asfixiante.
Grupos enfrentados allí a esa situación pidieron a la Corte Suprema valorar si el Gobierno puede vigilar las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos, pero la Corte respaldó tal espionaje.
La Unión para las Libertades Civiles reclamó que esa actividad secreta estuviese condicionada a la autorización de los jueces, solicitud denegada sin explicaciones.
El periódico The Washington Post dijo el pasado 24 de marzo que amparadas en la titulada guerra contra el terrorismo las autoridades intervienen líneas telefónicas y revisan facturas de ese mismo giro sin dar cuenta a los tribunales.
Según el diario, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) exige a empresas la entrega de informaciones en el terreno de las finanzas, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de sus trabajadores.
David Sobel, asesor del Centro de Información Electrónica Privada, declaró que desaparecen las garantías de protección legal cuando esos procedimientos secretos quedan exclusivamente en manos de los cuerpos represivos.
El secretario de Justicia, John Ashcroft, dice haber expedido más de 170 órdenes para intervenir las comunicaciones de personas consideradas por ellos sospechosas, tres veces más que en los últimos 23 años.
Semanas atrás Ashcroft planteó en el Congreso que recibieron más de mil solicitudes para ejecutar labores de espionaje en el país, cifra llamada a ser muy superior porque las autoridades no afrontan límites para hacerlo.
Un cable de AP firmado por Curt Anderson comentó en Washington al respecto:
"El hecho de que todo se hace en secreto y que las personas vigiladas podrían nunca enterarse de ello, les causa malestar a grupos por los derechos civiles y a legisladores."
El senador demócrata, Patrick Leahy, y el republicano, Charles Grassley, auspician un proyecto de ley enfilado a reclamar una explicación del Departamento de Justicia sobre la intervención de teléfonos y otros medios privados de comunicación.
Agrupaciones de activistas por el derecho a la privacidad, informó también la prensa, están demandando a esa dependencia oficial en una corte federal con el objetivo de lograr la misma información.
En el año 2001 detuvieron y recluyeron en lugares secretos a más de mil extranjeros, aún cuando no pudieron vincular a la inmensa mayoría de ellos con los atentados del 11 de septiembre.
Ahora cualquier ciudadano, grupo o institución estadounidenses pueden ser sometidos a un arbitrario chequeo por parte de los cuerpos represivos y a partir de ahí suceder cualquier cosa.
Se trata del paulatino montaje en el plano interno de un genuino Estado policiaco, simultáneo con el que tratan de imponer en el mundo al servicio, en primer lugar, de gigantescos intereses económicos norteamericanos.
¿Qué resta de los famosos cantos a los derechos humanos entonados desde Washington? Ripios que se derriten, como sucede en Iraq, a marcha forzada.
