Con características similares al secuestro de que fue objeto hace siete años el niño cubano Elián González, una niña cubana de cinco años de edad es hoy el centro de una disputa internacional por su custodia, en el único lugar del mundo donde algo así podría ocurrir: la estadounidense ciudad de Miami, en el sur de la Florida.
Como en el caso del niño Elían, que ganó notoriedad mundial, el reclamante es el padre de la criatura y los argumentos de los secuestradores se sustentan esencialmente en la irracional política de los Estados Unidos contra Cuba.
En esta ocasión, el ejecutor del pretendido secuestro es un acaudalado empresario dedicado al trafico de personas nombrado Joe Cubas quien, con fachada de agente deportivo, ha hecho fortuna con la compraventa ilícita de deportistas cubanos, valiéndose de la logística de los aparatos de inteligencia y subversión estadounidenses contra la isla y el apoyo de los grupos extremistas cubano-americanos que han transmutado el odio al proyecto socialista de Cuba en un lucrativo negocio que incluye manejos políticos en los que están directamente involucrados los más altos dirigentes gubernamentales del estado de la Florida y de los Estados Unidos.
Bob Butterworth, secretario del Departamento de Niños y Familias del Estado de la Florida (DCF, por sus siglas en inglés), cuyos abogados están batallando para evitar que el padre cubano obtenga la custodia de su hija, reconoció a la prensa de Miami que este caso ''poco usual'' es el más caro que haya visto.
La niña es hija de Rafael Izquierdo, un campesino cubano de Cabaiguán, en el centro de la isla, y de Elena Pérez, una mujer de 35 años, que salió de Cuba legalmente y llegó a Estados Unidos, en diciembre de 2005, con la hija en cuestión y su otro hijo. Poco después de su arribo al aeropuerto de Miami, el nuevo cónyuge de Elena, Jesús Melendres, les abandonó.
Según las actuaciones reflejadas por la prensa de Miami, Elena, evidentemente enajenada por la difícil situación económica que enfrentó en los meses subsiguientes, intentó el suicidio, razón por la cual los menores fueron excluidos de su cuidado. El DCF le privó de sus hijos en marzo del 2006 y los dio al cuidado de Joe Cubas.
A l conocerlo, Rafael Izquierdo determinó ejercer su obligación y su derecho de padre y pudo viajar de Cuba a Estados Unidos para traerse consigo de vuelta a la niña.
La madre ha sido categórica al declarar que, si no puede conservar a su hija, quiere que vuelva a Cuba, con su padre, “que la quiere y quiere estar con ella''.
Cualquier cosa será mejor -dijo la madre- que dejar que la niña permanezca en los Estados Unidos al cuidado de Joe Cubas, quien ha tenido a la niña durante más de un año y adoptó formalmente a su hermano.
Según los medios de prensa locales, el adolescente de 13 años le dijo a su madre que desea quedarse con Joe Cubas, en el suntuoso medio en que le tiene.
Elena ha declarado que se arrepiente de haber dejado su pequeña ciudad de Cabaiguán donde sus hijos eran felices. ''Sé que este país le resulta maravilloso a mucha gente, pero estoy muy decepcionada de él'', subrayó Elena Pérez, quien describió su intento de suicidio como un momento de debilidad en medio de la desesperación y de una gran miseria.
''Una noche horrible, decidí que mis hijos podrían estar mejor sin mí, y entonces hice algo estúpido'', expresó. ``No estoy loca. He estado deprimida y tensa, y he pasado muchas noches sin dormir, pero estoy bien''.
La jueza norteamericana Jeri B. Cohen, de quien se asegura que está arriesgando su carrera judicial al tratar desde el estrado de lograr imparcialidad en el ambiente de Miami para un proceso legal que está tomando un carácter cada vez más político, reconoció durante el juicio que se sigue sobre el caso que el gobierno de “Estados Unidos está renuente a repatriar a la niña al país comunista donde reside el padre''. También reveló que “los empleados del estado de Florida” -como se denomina a la representación legal en juicio del gobierno estadual- quieren que la menor quede en Estados Unidos, bajo custodia de una familia cubano americana y "habrían actuado de otra manera si el padre de la niña hubiera vivido en otro lugar que no fuera Cuba".
"En casi 10 años de presidir casos de bienestar infantil, nunca había visto a los abogados del Departamento de Niños y Familia del Estado de la Florida pronunciarse contra el derecho de un padre a criar su hijo, a menos que este hubiera incumplido con reiteración lo estipulado en una directiva de custodia ordenada por la corte", declaró la jueza.
Opinó que, teniendo en cuenta el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, "el padre posiblemente no vería a su hija de nuevo si regresara a la isla sin ella".
Se comprende, sin embargo, que la jueza está trabajando bajo gran presión y que el juicio no está teniendo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se requeriría para que fuera justo.
Claro exponente de la incompatibilidad del ambiente de Miami con un proceso judicial razonable fue el veredicto a que llegó en la hostil atmósfera del sur de la Florida un tribunal que condenó en 2001 a penas tan severas como injustas a cinco jóvenes cubanos que, entregados a la defensa de su patria agredida, penetraron grupos contrarrevolucionarios de Miami para monitorear y denunciar sus planes terroristas, dada la pasividad cómplice de las autoridades de estadounidenses al respecto.
En agosto de 2005, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito Federal en Atlanta dispuso la anulación de aquella sentencia condenatoria dictada contra los cinco jóvenes activistas antiterroristas que desde septiembre de 1998 han permanecido encarcelados en ominosas condiciones y dispersos en prisiones de varios estados de la unión norteamericana.
La corte de Apelación de Atlanta tomó esa decisión, por unanimidad de sus tres jueces, luego de constatar las evidencias del fraudulento proceso que tuvo lugar en Miami, locación contra la que en su momento se pronunció la defensa con sólidos argumentos que fueron inexplicablemente rechazados por la jueza actuante.
El veredicto del Tribunal de Apelaciones, hizo notar que la hostilidad y los prejuicios en el ambiente de Miami, tanto entre el público como en la prensa local, hacían imposible un proceso imparcial en esa ciudad “dominada por un prejuicio tan marcado contra el gobierno de Cuba que imposibilita un proceso debido de justicia en un caso en el que los acusados se identifican plenamente con el gobierno de su país y con la necesidad objetiva de defender al pueblo cubano del terrorismo.”
Ante un pronunciamiento tan categórico del Tribunal de Apelaciones, habría sido lógico que la Fiscalía procediera a desestimar los cargos y liberar de inmediato a los cinco cubanos. Por el contrario, a instancias del gobierno federal, esa decisión fue anulada y los promotores de aquella aberración jurídica que fue el juicio en Miami contra “los cinco” fueron con ello estimulados a hacer nuevas tropelías.
Es este el escenario legal en el que un padre cubano lucha por recuperar a su pequeña hija en Miami.
